Apoyo a las matronas chilenas

Recientemente hemos recibido una nota del Colegio de Matronas y Matrones de Chile donde se expresaba una grave situación de intrusismo profesional a raíz de la intromisión de enfermeras en las unidades de gineco-obstetricia y neonatología.

La nota, firmada por Anita Román Morra, Presidenta Nacional del Colegio profesional Chileno, explica la situación:

“En la actualidad, el código sanitario es insuficiente para respaldar la extensión del ejercicio de la profesión, situación que ya ha sido planteada al Ministerio de Salud y de la cual solo se ha realizado una modificación menor.

Valiéndose de una interpretación que a nuestro parecer es insuficiente y sin la fundamentación técnica necesaria, la Contraloría General de la República emanó una respuesta a solicitud de la Federación de Enfermeras de Chile, donde se permite la intromisión de enfermeras en unidades de gineco- obstetricia y neonatología – que son parte de las disciplinas de la formación de pregrado de las/los matronas/es-, contraviniendo una respuesta del propio Ministerio de Salud que había dispuesto que la Norma General Administrativa Nro 21 le otorgaba a la Administración del Cuidado de Matronería a las Matronas y Matrones en las unidades de Ginecología, Obstetricia y Neonatología del Sistema Nacional de Salud.”

En función de esta situación y reconociendo que la solución al conflicto pasa por el reconocimiento del ámbito de desempeño de la matronería, nuestro Colegio de Obstétricas remitió su apoyo institucional a las gestiones que se realicen en defensa de la matronería, a través de una nota firmada por la Lic. Alicia Cillo, Presidente del Consejo Superior. En el texto se enfatiza que: “Consideramos que, es sumamente importante que las Matronas/es, cuenten con la Regulación adecuada, en la cual se reconozcan sus competencias derivadas de las incumbencias otorgadas por sus títulos universitarios, las que abarcan la salud sexual, reproductiva, materna, perinatal y neonatal, extensiva a la pareja y la salud comunitaria; esta función esencial de responsabilidad compete a los gobiernos: proteger a sus ciudadanos y garantizar su derecho a una buena salud, la cual traerá como consecuencia la mejora de la Maternidad Segura y la salud de las madres y sus recién nacidos”.

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