La CGP declaró el estado de alerta, movilización y emergencia del ejercicio profesional

La Confederación General de Profesionales de la República Argentina (C.G.P.) declaró el estado de alerta, movilización y emergencia profesional en todo el territorio de la República Argentina.

En un comunicado oficial difundido a través de su plataforma virtual, la C.G.P. alertó que frente a los múltiples y sostenidos embates del Gobierno Nacional en contra de los profesionales, de sus legítimas organizaciones representativas y del ejercicio profesional, en todo el país y en todas las disciplinas, las Entidades manifiestan su enérgico repudio a tales regulaciones – actuales y futuras- fundadas en inalienables derechos garantizados por la Constitución Nacional, declarando enfáticamente:

  1. Que el régimen federal de gobierno instaurado por el art. 1° de la Carta Magna Nacional, la autonomía de las Provincias que de él deriva /art. 5 de la Constitución Nacional), en tanto son pilares básicos de la organización jurídico-política de la Nación Argentina, señalan con total claridad que el gobierno y control del ejercicio de las profesionales reguladas por el Estado compete, en forma exclusiva y excluyente, a las provincias argentinas y a la C.A.B.A., en sus respectivos territorios.
  2. Que en consecuencia, toda la regulación que sobre la materia pretenda imponerse desde el Congreso de la Nación y/o desde los ministerios dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, es absolutamente inconstitucional; incluso respecto de aquellos establecimientos nacionales asentados en el territorio de las Provincias y de C.A.B.A. (art. 75, inc. 30 de la CN)
  3. Que la pretensión del Gobierno Federal de centralizar el gobierno y control del ejercicio profesional mediante la anomia regulatoria, destruyendo las organizaciones que legítimamente representan a las y los profesionales, no solo afectan a las propias organizaciones y sus representantes, sino que atentan esencialmente contra cuestiones de interés público en desmedro de los derechos individuales y colectivos de toda la sociedad actual y futura (salud, educación, justicia, seguridad, medio ambiente, etc.)
  4. Que los Colegios y Consejos Profesionales en los cuales la inmensa mayoría de los estados provinciales  y C.A.B.A. han delegado por ley el gobierno y control del ejercicio profesional, otorgándoles el rango de personas jurídicas de derecho público, cumplen un rol imprescindible en el combate al ejercicio ilegal de las profesiones; en el control del cumplimiento de las leyes que rigen el ejercicio y la ética profesional; en la capacitación, formación y actualización permanente de los profesionales. Todo ello, en beneficio del interés colectivo y del bienestar general.
  5. Que la innegable función social de las organizaciones profesionales no sólo ha sido reconocida en nuestro país por sus leyes y la jurisprudencia de los más altos órganos judiciales de la Nación y de las Provincias, sino que replican los modelos de otros países de tradición jurídica romanista, como lo son Italia, España, Francia y Alemania.
  6. Que dado que la llamada desregulación de la actividad de los profesionales afecta sensiblemente al conjunto de la sociedad toda, es necesario, que además de las entidades que nos representan como profesionales, -y tal como fuera aprobado en Asamblea de la C.G.P. en nuestro Plan de Acción 2025/2027-; es necesario recabar el apoyo de los distintos sectores sociales de nuestro país, articulando con entidades confederadas y no confederadas, con entidades de la Sociedad Civil, de Organizaciones de Trabajadores; Empresariales (de pequeñas y medianas empresas); Cooperativas, con todos los Sectores Educativos Universitarios y no universitarios; generando el mayor consenso posible.

Por todo lo expuesto, rechazando de antemano toda descalificación proveniente de los sectores públicos o privados interesados en promover la ilegalidad y el descontrol del ejercicio profesional, e instando a nuestros representantes políticos a la defensa de la Ley, el interés público y el bienestar general, los profesionales argentinos declaran el estado de alerta, movilización y emergencia profesional en todo el territorio de la República Argentina.

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